La "reforma" fiscal versus la brecha digital
Por: Iván de Paula para Visionarios 2.0
Durante años el Estado dominicano ha mantenido una política de doble moral en cuanto a la reducción de la brecha digital se refiere.
Por un lado, han mostrado
estadísticas aparentemente muy halagüeñas sobre un crecimiento notable de las
telecomunicaciones mediante números como los que presentaré a continuación:
1-Para el 2011,
2-Hasta octubre 2012 se habían creado 2,796,220 cuentas en la
red social Facebook lo cual
nos coloca en la posición
56 del ranking global.
Cualquiera que lea estas
estadísticas se sentiría orgulloso pensando que el gobierno dominicano ha
establecido mecanismos para fomentar el uso del Internet para la mayor parte de
la población.
Sin embargo, ahora muestro
estos números para hacer un contrapeso:
Una cosa es penetración en
el uso del Internet y otra tener acceso propio (podrías conectarte desde otro
lugar que no sea tu hogar).
2-La cifra de 4,120,801
usuarios que utilizan Internet no está distribuida de forma equitativa a lo
largo del país, básicamente están concentrados en Santo Domingo,
Entiéndase que las
provincias más alejadas de la capital tales como: Elías Piña, Bahoruco,
Barahona, Pedernales, etc. muestra un porcentaje mucho más reducido llegando
a cifras risibles.
En líneas generales, para
los últimos gobiernos dominicanos reducir la
brecha digital ha consistido en
instalar e inaugurar laboratorios informáticos en lugares remotos del país, lo cual nunca
voy a censurar, pero lo ideal es que un futuro cada ciudadano pueda acceder a
su propio computador y a un servicio de Internet de bajo o cero costo,
dependiendo de la localidad.
El Estado Dominicano
aumentará este servicio en un 10 % de su valor actual, decisión que afectará todavía más el uso democrático
del Internet y que también limitará la
competitividad entre las empresas de Telecomunicaciones.
La carga mensual impositiva
que pagamos se incrementará en un 38% y a las prestadoras les basta con sumarla a nuestras facturas, vale la pena
comentar que en algunos países el Internet es un derecho constitucional, no un
lujo.
Nuevamente, se demuestra el
desinterés de nuestros gobernantes en hacer que la conectividad sea asequible
para la mayoría de la
población, no una muestra
estadística de un grupo relativamente reducido que sólo sirve para inflar sus gráficos de falso progreso.
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